DENUNCIA PÚBLICA.

por ONIC

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Las autoridades tradicionales del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, jurisdicción de los municipios de Riosucio y Supía Caldas, DENUNCIAMOS PUBLICAMENTE, ante las instituciones defensoras de derechos humanos y organismos Judiciales, los hechos presentados el día 07 de abril 2015 en la comunidad de Tumbabarreto.

LOS HECHOS

El programa de derechos humanos y las autoridades indígenas del Resguardo  Cañamomo Lomaprieta, municipios de Riosucio y Supía Caldas – Colombia, denuncian ante la opinión pública que el día de ayer 07 de abril de 2015, siendo las 8:10 de la noche, en la comunidad de Tumbabarreto, fue asesinado mediante disparos de arma de fuego el líder indígena FERNANDO SALAZAR CALVO, identificado con cédula de ciudadanía número 15.915.537 de Riosucio Caldas, nacido el 30 de octubre de 1962, de 52 años edad, quién en la actualidad se desempeñaba como Presidente de la junta local de Mineros de la comunidad de La Unión y Vocal de la Asociación de Mineros Artesanales del Resguardo indígena Cañamomo Lomaprieta, municipios de Riosucio y Supía Caldas (ASOMICARS).

Según versiones de la comunidad un joven desconocido se acercó hasta la entrada a su casa y aprovechando que Fernando conversaba de manera desprevenida con otra persona, le propinó varios disparos que acabaron con la vida de nuestro compañero.

Fernando era un acérrimo defensor de los derechos colectivos de la comunidad, manifestaba de manera contundente su defensa por el Territorio ancestral colectivo y su respeto por la autoridad indígena, era una de las personas más comprometidas con las actividades que se programaban para establecer orden en la práctica de la minería artesanal al interior del Resguardo Cañamomo Lomaprieta, era la persona que prestaba acompañamiento a la Guardia indígena en el proceso de monitoreo y cierre de la minería que se realiza en el resguardo implementado así las reglamentaciones y resoluciones del Cabildo en esta materia.

El asesinato de Fernando Salazar Calvo constituye una agresión de nuestro derecho colectivo al territorio ancestral, a las autoridades indígenas del Resguardo de Cañamomo Lomaprieta, a las directivas de nuestros procesos organizativos, fundamentalmente las del proceso minero; a los líderes de nuestro resguardo y a la comunidad en general que ve hoy en este hecho una agresión al territorio y a sus derechos colectivos a la vida y la integridad de las personas.

Con este hecho delincuencial quieren socavar el propósito de la autoridad indígena por defender el territorio, por organizar el gremio minero del resguardo y hacer respetar las leyes en materia minera que rigen el territorio ancestral colectivo.

Los hechos de amenaza a nuestros líderes por defender el territorio del cabildo indígena de Cañamomo Lomaprieta, habían sido comunicadas a las diferentes autoridades competentes de investigación, militares y administrativas, siendo desestimadas por estas. En reunión de seguimiento a medidas cautelares realizada en la ciudad de Manizales el pasado 16 de marzo el fiscal segundo seccional de Riosucio manifestó “el Alcalde de Riosucio, presente en la reunión, puede dar fe del seguimiento que se ha hecho a la situación de la Comunidad en el marco de los Consejos de Seguridad, particularmente en lo relacionado con la presencia de grupos al margen de la ley. Sobre el particular, señala que tras la labor de los organismos que han intervenido, ha sido posible desmantelar grupos al margen de la ley e incautar importantes cantidades de elementos utilizados por los mismos, razón por la cual es posible señalar que la situación de riesgo está mayormente superada y que en el territorio no hay asentamientos de grupos al margen de la ley que puedan ser evidenciados.

Añade que es falso que no se reciban las denuncias o que se haya negado la atención, sino que el principal problema es la falta de información y la colaboración por parte de la Comunidad, pues aunque hay Policía disponible para las diligencias, no siempre se cuenta con el consentimiento para ingresar a los territorios. Menciona igualmente la existencia de múltiples panfletos anónimos, que no permiten fundamentar una investigación legal”...

Alertamos sobre las amenazas que se ciernen sobre la integridad física del Gobernador Carlos Eduardo Gómez Restrepo, el Exgobernador Héctor Jaime Vinasco y el líder indígena Fabio Moreno Herrera presidente del Asociación de Mineros Indígenas del Resguardo de Cañamomo Lomaprieta ASOMICARS, ya que junto a Fernando Salazar son las personas encargadas del control y regulación del proceso minero al interior del territorio ancestral del Resguardo. Aclaramos que dicha preocupación ya había sido comunicada a la Defensoría del Pueblo del departamento de Caldas y quedó expuesta en el informe de riesgo número 032–14 AI de noviembre 19 de 2014.

La organización del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta expresa su voz de rechazo e indignación por los hechos ocurridos que perturban el orden y la tranquilidad de los habitantes de nuestro resguardo indígena de Cañamomo Lomaprieta.

Finalmente expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento en este momento de dolor a la familia de nuestro compañero desaparecido FERNANDO SALAZAR CALVO.

EXIGIMOS

  1. Al presidente de la República que ordene una investigación contundente, independiente e imparcial, veraz y oportuna para dar con el paradero de los actores materiales e intelectuales de este hecho violento.
  2. A la Cancillería de la República de Colombia para que en el marco de las Medidas Cautelares MC 265-02 ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos garantice, promueva, proteja e inste a las instituciones de gobierno encargadas de investigar para que de manera rápida, independiente e imparcial, veraz y oportuna esclarezca los hechos de homicidio cometidos en contra de la persona de Fernando Salazar, en el sentido de capturar, Juzgar y condenar a los responsables de este hecho.
  3. Al Ministerio del Interior para que se pronuncie públicamente sobre los mecanismos establecidos por el Estado colombiano para esclarecer los hechos ocurridos y aplique los procedimientos de prevención y protección colectivos con enfoque diferencial étnico en el marco del auto 004 de 2009.
  4. Al Ministro de Defensa para que implemente todas las medidas necesarias que den con la captura y puesta a disposición de las autoridades competentes de los actores intelectuales y materiales de tan lamentables hechos.
  5. Al Fiscal General de la Nación para que designe una Comisión especial de fiscales a fin de iniciar una investigación efectiva, seria e imparcial, dirigida a identificar a los responsables y a esclarecer los propósitos criminales.
  6. Al Defensor del Pueblo, para que promueva la activación de la alerta temprana y las medidas recomendadas por el sistema de alertas tempranas en el marco del Informe de Riesgo No 032–14 AI de noviembre 19 de 2014, activando así todos los mecanismos de protección a nuestra comunidad indígena y a todos los dirigentes, gobernadores, cabildantes y líderes de los diferentes procesos organizados, ya que en repetidas ocasiones hemos denunciado ante fiscalía y demás entes las amenazas de las que hemos sido víctimas y han sido demeritados y desestimados por los órganos de control del Estado.
  7. A la Procuraduría General de la Nación para que inste a todas las instituciones del Estado y particularmente a la Fiscalía Seccional de Riosucio en el cumplimiento de los derechos y garantías fundamentales de la comunidad indígena Embera Chami del Resguardo Cañamomo Lomaprieta.
  8. A la Unidad Nacional de protección para que asigne de manera inmediata una Brigada de Emergencia para proteger la vida del Gobernador Carlos Eduardo Gómez Restrepo y del Presidente de la Asociación de Mineros del Resguardo Fabio Moreno Herrera y demás líderes quienes se ven en alto riesgo por las decisiones que se toman en defensa del territorio y evalúe rápidamente para que asigne medidas de protección permanente.
  9. A todas las organizaciones sociales y amigos que por favor exijan contundencia del Estado para el esclarecimiento de estos hechos, que hacen parte de un genocidio sistemático que se viene dando en contra del movimiento indígena de Caldas, en busca de desestabilizar nuestros procesos autónomos del ejercicio de la Autoridad en la jurisdicción de nuestros territorios ancestrales.
  10. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitante de medidas cautelares a nuestro favor, para que realice a la mayor brevedad posible, una visita a nuestro territorio y constate los riesgos que se ciernen en nuestra contra, así como las medidas de prevención, protección e investigación que requerimos para la protección de nuestro territorio ancestral.

 

 

POR LA DEFENSA DEL DERECHO A LA VIDA Y A LA AUTONOMIA TERRITORIAL DEL PUEBLO INDIGENA

 

AUTORIDADES INDIGENAS RESGUARDO CAÑAMOMO LOMAPRIETA

08 de abril de 2015