La Consejería Mayor del CRIC en unidad con las autoridades tradicionales de Cabildo y las consejerías zonales del Cauca indígena afirman que el gobierno nacional ha dilatado y desconocido la orden dada por la Corte Constitucional, mediante el Auto 004 de enero de 2009, de concertar un plan de garantías para todos los pueblos indígenas del país y de implementar Planes de Salvaguarda para 34 pueblos indígenas de Colombia, entre los cuales están incluidos el pueblo Nasa y el pueblo Kokonuko y los demás pueblos indígenas del Cauca. Con este fallo la Corte Constitucional le dio indicaciones precisas al Estado colombiano para que evitara el exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas, principales víctimas de las acciones armadas, de las amenazas de los grupos ilegales y de la política inconstitucional del gobierno nacional. Sustentan las Autoridades indígenas esta aseveración desde los siguientes hechos: Más...

Pereira, enero 6 de 2010.


Señor
P-P-
COMANDANTE POLICIA RISARALDA
Pereira Risaralda

REF.: SOLICITUD APROBACION DE ESCOLTA GUARDIA INDIGENA PARA CONSEJEROS CRIR.

MARTIN SIAGAMA GUTIERREZ, mayor de edad, vecino del Municipio de Pueblo Rico, Risaralda, identificado con la cédula de ciudadanía No.18.603.329 expedida en Pueblo Rico, Risaralda, en mi calidad de consejero Mayor y representante legal del Consejo Regional de autoridades indígenas de Risaralda CRIR, por medio del presente escrito y con fundamento en lo establecido en el articulo 246 de la Constitución Política de Colombia, comedidamente me permito solicitar la aprobación para usar como escoltas de los lideres de la organización indígena de Risaralda, amenazados, en fecha octubre 1, a miembros de la guardia indígena de la comunidad, con base en los siguientes
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Comunidades afectadas por la gran minería están reunidas en Bogotá para generar acuerdos e incidir en la política minero-energética nacional.

La política extractiva nacional desfavorece las posibilidades de una vida digna para los colombianos y colombianas. En el año 2009 se entregaron 101.107.275,8853 hectáreas del país para la exploración/explotación de petróleo y 18304 títulos mineros otorgados (más 42601 solicitudes), al tiempo que la inversión extranjera 2002-2009 se aumentó más de un 500%, mientras que su aporte en el empleo nacional en el mismo periodo se redujo en más de un punto porcentual.
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