“El Estado debe garantizar y tomar medidas necesarias para la protección y prevención de crímenes de nuestras comunidades y evitar nuevos desplazamientos”: ORIVAC

Desde la ONIC, a través de la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Paz nos permitimos hacer un llamado de atención URGENTE sobre la situación de vulneración de derechos que a la fecha se vive en el Valle del Cauca, y coadyuvamos el comunicado de la Consejería de Gobierno Propio de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca - ORIVAC, nos remite para poner en conocimiento los hechos que a continuación se citan:

Hechos:

  1. “El día jueves 20 de marzo del año 2014, siendo la 1:30 PM, en la comunidad Las Brisas, perteneciente al Resguardo Indígena NASA KWES KIWE, municipio de Florida (Valle del Cauca), el comunero indígena Wilson Tombe, identificado con cédula de ciudadanía Nº 16.892.823, expedida en Florida (Valle del Cauca), con 34 años de edad, padre de dos hijos, sufrió la mutilación del pie izquierdo y fractura en su pie derecho, al ser víctima de una mina antipersonal sembrada dentro del territorio indígena por las FARC-EP.
  2. Todo sucedió cuando el comunero indígena Wilson Tombe realizaba labores de campo en una parcela del territorio, sitio donde ocurrieron los hechos. Tiempo atrás estuvo la fuerza pública (Fuerza de Tarea Apolo del Ejército Nacional) desminando el lugar, situación que llevó a que la comunidad se confiara y pensara que ya no era un riesgo laborar en ese sector.
  3. De igual manera, se indica que “la presencia de la Fuerza de Tarea Apolo del Ejército Nacional ha sido constante, realizando operaciones en estas regiones de manera continua, situación que pone en riesgo la vida de los comuneros indígenas que habitan en el territorio.
  4. Se indica que la presencia armada en las casas y viviendas de las comunidades, y lugares aledaños a los centros educativos del resguardo es constante, donde los soldados pernoctan, elevando el nivel de riesgo, hecho que a todas luces viola los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
  5. Por consiguiente, la Consejería de Gobierno Propio de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca - ORIVAC, se declara en resistencia y asamblea permanente por la vida, la dignidad, la Autonomía y la soberanía en defensa de sus territorios, y dejan constancia que el Estado debe garantizar y tomar medidas necesarias para la protección y prevención de crímenes de sus comunidades y evitar nuevos desplazamientos, hechos que se han quedado en la impunidad”.

Solicitudes: 

La ONIC rechaza los hechos descritos previamente, y coadyuva cabalmente el comunicado emitido por la Consejería de Gobierno Propio de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca - ORIVAC, solicitando:

  1. “Hacemos un llamado de atención especial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los organismos de control: Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación, para que realice un seguimiento y acompañamiento especial a esta situación de extrema gravedad, que mantiene consternada a la comunidad por el hecho ocurrido el día 20 de marzo.
  2. Exigimos a todos los actores armados el respecto a la vida, a la integridad física y social de la población indígena y las garantías necesarias para el efecto de no seguir vulnerando los derechos de manera constante, donde en este caso responsabilizamos a las FARC- EP de este hecho violatorio que agudiza cada día más el exterminio físico y cultural de los pueblos milenarios, verdaderos dueños de sus territorios. Pueblos que han sido considerados de especial protección, debido a que fueron señalados como pueblos en peligro de extinción y desaparición forzada por el conflicto armado que se presenta de manera permanente en los territorios indígenas y en el país, de conformidad con la Sentencia T-025 y el al auto de seguimiento 004 de 2009 de la Corte Constitucional”.

De igual manera, la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Paz, por medio del presente escrito solicita:

3. Al Ministerio de Defensa, en articulación con el PAICMA, para que teniendo en cuenta los hechos denunciados, verifique los mismos y direccione desde el resorte de sus funciones el desminado humanitario de éste territorio y garantice el respeto de las normas nacionales e instrumentos internacionales en materia de DDHH y DIH.

4. Al PAICMA, para que verifique la situación denunciada por la Consejería de Gobierno Propio de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca – ORIVAC, en cuanto a la presencia de MAP, MUSE y AEI en el territorio.

5. Al SNARIV, especialmente a la UARIV, para que en observancia del Decreto Ley 4633 de 2011, inicien las acciones a las que haya lugar para atender de manera urgente al señor Wilson Tombe, por los hechos victimizantes descritos.

6. Al Sistema de Alertas Tempranas (SAT) y la Defensoría del Pueblo para que se advierta la situación de riesgo en que se encuentra la población en general.

7. A la Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación para que verifiquen los hechos descritos, y genere desde sus competencias las garantías necesarias en materia de exigibilidad de derechos ante las entidades obligadas a actuar, para prevenir y proteger a quienes se encuentran afectados por esta grave denuncia.

8. A las agencias internacionales y demás organizaciones de la sociedad civil, solidarias con los Pueblos Indígenas, para que en el marco de sus funciones misionales exijan al Estado Colombiano realice las acciones necesarias para garantizar y proteger los derechos de las comunidades indígenas en mención.

9. Al Programa Presidencial para la formulación de estrategias y acciones para el desarrollo integral de los Pueblos Indígenas de Colombia, para que dentro del resorte de sus funciones promueva que las entidades competentes en el presente caso, atiendan de forma integral a las comunidades indígenas afectadas.

10. A las agencias internacionales (ACNUR, OACNUDH, PNUD, CIDH, entre otras), Corte Constitucional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás organizaciones de la sociedad civil (CODHES, CCJAR, INDEPAZ, entre otras), solidarias con los Pueblos Indígenas, para que en el marco de sus funciones misionales exijan al Estado Colombiano realice las acciones necesarias para garantizar y proteger los derechos del Pueblo Nasa.

CONSEJERÍA DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, DERECHOS HUMANOS, DIH Y PAZ

ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA - ONIC