Declaración de Emergencia Humanitaria de los Pueblos Indígenas de Antioquia

por Willander Pushaina

Todos somos indígenas porque a todos nos sustenta una tierra única y la misma, que es Padre y que es Madre, que es fuente y que es fin. Estamos contenidos, nadie sale de la vasija que nos acuna y nos procura el bastimento. No hay regreso adonde no se ha salido. La ancestralidad es presente eterno. Asistencia del otro y de lo otro.

Hoy, nos vemos urgidos a declarar, desde la Organización Indígena de Antioquia, la urgencia humanitaria de la población indígena de nuestro departamento, que representa espejo para la sociedad mayor, donde nos encontramos y con la que convivimos. No somos humanidad vulnerable, sino vulnerada. Se han ocupado de nuestro cuidado sólo para asegurar nuestra exclusión. No puede haber paz cuando la lengua imperante es la guerra, aunque se celebren tratados en su favor y se decreten posconflictos, publicados en edictos fijados en lugares visibles a la mayoría.

Plantados en nuestra dignidad, denunciamos la condena a muerte a la que nos tienen sometidos, en el Bajo Cauca, en El Occidente, en el Urabá, en el Suroeste, por obra de grupos armados tanto progresistas como retardatarios, que se disputan el control de nuestros territorios, interesados en el mantenimiento de sus economías, las cuales requieren de la comisión de delitos que la oficialidad no juzga, zonas de estas subregiones tituladas a la explotación aurífera, el narcotráfico, la extracción de recursos naturales, materias primas, para un desarrollo económico que solo deja muerte, empobrecimiento para las comunidades habitantes ancestrales de estos territorios. Aquí, tal parece que, el desposeído merece ser despojado.

Desplazamientos gota a gota y asesinatos selectivos son una constante. Confinamientos y constreñimientos son también lo normal. Se nos impide salir a partir de cierta hora de nuestras casas, la amenaza es la ley y las opciones que tenemos al alcance son las que nuestros verdugos nos imponen, cuya presencia se justifica en virtud del ataque y la contención de los actores armados, unos contra otros. El reclutamiento forzado no es la excepción.

Las minas antipersona, una triste realidad en los territorios indígenas. Como se ha podido observara través de los medios nacionales, en el Atrato Medio y el Occidente profundo del departamento, es donde la situación es más grave. Guerrilleros del ELN vienen sembrando minas antipersona en las partes altas de los ríos que vierten aguas al Atrato, en particular en el municipio de Murindó, embarcaderos, caminos y cultivos de pancoger. Su siembra está dentro de la estrategia de guerra que libra el ELN contra AUG y fuerzas del Estado.

Lamentablemente, han sido activadas por muchos de nuestros comuneros, en Murindó, en Dabeiba y en Frontino algunos de los cuales han fallecido, mientras otros han padecido mutilaciones que son tanto más restrictivas en la medida en que en sus entornos se adolece de los apoyos materiales que facilitarían sus vidas.

Terror, secundado con mensajes escritos y audios, donde los actores armados dan instrucciones del comportamiento adecuado por asumir, cuyo incumplimiento implica sanciones que en muchos casos han cobrado la vida nuestros indígenas.

Coca y minería ilegal vienen ganando espacio crecientemente. El reclutamiento forzado es recurrente y desplazamientos masivos se han suscitado ya, habiendo otros inminentes. El microtráfico reina y su control es causa de disputas por parte de grupos armados que crean bandos, exponiendo como nunca a nuestros jóvenes indígenas, a todos los jóvenes del departamento, es esa perversa división que va implantando un lenguaje retaliatorio, de fronteras invisibles y contiendas de muerte.

He aquí un estado de cosas que no estamos en capacidad de resolver desde nuestras posibilidades, que no nos compete exclusivamente y que evidencia en nuestras carnes la situación por la que estamos transcurriendo todos los colombianos. De manera que no podemos gozar en nuestros territorios, de los derechos que se nos han reconocido constitucionalmente, que no se materializan en ninguna parte, salvo en el papel en que se les explicita y puede corresponder a una ley nacional, una ordenanza departamental o un acuerdo municipal.

Por eso hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional, en un momento donde se requiere más que nunca garantizar condiciones para subsistencias plenas. Sería otro nuestro presente si la violencia no constituyera en Colombia el medio por el que la centralización política y la inserción en el mercado mundial se concretizan.

PRIMERO: Exigir al gobierno departamental de Antioquia, parar esta violencia que se vive en los territorios indígenas, que nos está conduciendo al Genocidio y en virtud de ello adoptar las medidas necesarias para superar la grave Situación de Emergencia Humanitaria, Social, Económica y Cultural que sufren los Pueblos Indígenas Embera Eyábida, Embera Chamí, Embera Dóbida, Gunadule, Senú y Nutabe.

SEGUNDO: Convocar a las entidades públicas competentes en materia de derechos humanos, organizaciones sociales y comunidad internacional para que actúen como garantes y veedores para la superación de la grave Situación de Emergencia Humanitaria, Social y Económica que sufren todos los Pueblos Indígenas de Antioquia, para que con su acompañamiento, realicemos las siguientes misión de verificación humanitaria para presenciar directamente todas afectaciones que se viven en él, a causa del conflicto armado, el extractivismo y las políticas de desarrollo del Estado.
• Misión humanitaria conjunta para Murindó
• Misión humanitaria en Bajo Cauca
• Misión humanitaria conjunta en la Blanquita, Frontino, Dabeiba
• Misión humanitaria Ituango

TERCERO: A la cruz Roja Internacional, a la Iglesia Católica, a la comunidad internacional, a los organismos de control y a las entidades estatales responsables de la atención humanitaria, respuesta urgente frente a la retención de los 63 lideres indígenas en la Blanquita corregimiento de Frontino, ante la vulneración de su derecho a la libre circulación, en afectación de otros derechos fundamentales, incluyendo el confinamiento y el riesgo de desabastecimiento alimentario que están sufriendo sus familias y comunidades.

CUARTO: exigimos establecer una mesa de diálogo entre las autoridades indígenas, comisión de derechos humanos de la Gobernación de Antioquia, organismos de control, para concertar el procedimiento para el desminado humanitario.

QUINTO: Solicitamos al gobierno departamental de Antioquia, a la comunidad internacional, a las organizaciones sociales y a las entidades públicas competentes, trabajar juntos por la defensa y protección de la niñez y la juventud indígena, es imperativo consolidar juntos una estrategia integral por la defensa de la vida de esta población y por mejorar sus condiciones de existencia.

SEXTO: todos los pueblos indígenas de Antioquia han sufrido la vulneración de sus derechos y están en riesgo de exterminio físico y cultural como lo declara el auto 04 de la Corte Constitucional de Colombia, exigimos la materialización real y efectiva de nuestros planes de salvguardia, por lo tanto exigimos al gobierno departamental de Antioquia, al ministerio del Interior, a la UARIV y a las instancias creadas en el marco del Acuerdo Final de Paz y a la comunidad Internacional a materializar estos planes.

SÉPTIMO: exigimos medidas cautelares de protección de los territorios indígenas más afectados por la guerra, así como la voluntad política y celeridad en el reconocimiento de la existencia de comunidades indígenas y procesos de formalización de resguardos indígenas, por parte del Ministerio del Interior y de la agencia Nacional de Tierras.

 

CONSEJERÍA DE GOBIERNO
ORGANIZACIÓN INDÍGENA DE ANTIOQUIA

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