ONIC

Los Pueblos Indígenas Amorúa, Sikuani y Piaroa que se encuentran asentados en los puntos denominados Piedra Custodio, Y Cerro Bita, ubicados en la ciudad de Puerto Carreño, departamento de vichada, denuncian:

Que el gobierno colombiano, en cabeza de la alcaldía de Puerto Carreño y la gobernación de Vichada, así como las demás instituciones estatales del nivel nacional, desde la llegada de los hermanos Amorúa y Sikuani a los asentamientos mencionados anteriormente (4 años a Piedra Custodio, 8 meses a Cerro Bita), a la fecha no han dado un atención oportuna y que garantice sus derechos y de solución a las graves problemáticas que se presentan en estas comunidades, a saber:

ASENTAMIENTO PIEDRA CUSTODIO.

Los Pueblos Sikuani y Amorúa mayoritariamente provenientes del país de Venezuela, desde hace más de 4 años están asentados en este lugar ubicado a las afueras del municipio de Puerto Carreño y a orillas del Río Meta. Actualmente no cuentan con atención integral en salud ni educación y, a la fecha la Cruz Roja ha realizado dos brigadas de salud y la alcaldía, a comienzos de este año realizó una. Adicionalmente la atención médica que brinda el municipio es únicamente en casos de urgencias.

Este grupo está conformado por aproximadamente 160 personas dentro de los cuales hay 67 menores de edad, 21 menores de 4 años, 6 adultos mayores 4 personas en situación de discapacidad y dos mujeres en estado de embarazo.

Ahora bien, hay un grupo de menores de edad que son atendidos por el programa 1000 días del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), sin embargo denuncia la comunidad que esta atención no es brindada a todos los menores de edad ni cuenta con las condiciones adecuadas.

Hay un grupo de habitantes de este asentamiento que denuncian que el ICBF ha decidido no brindar atención a la totalidad de menores de edad, ya que, de acuerdo a su juicio que a todas luces no atiende a la realidad de la situación, los menores “no están bajos de peso” y por esto no requieren ningún tipo de atención por parte del Estado colombiano, sin haber tenido ningún tipo de atención técnico y profesional que determine verazmente la situación de desnutrición de los menores.

Adicionalmente mencionan que el ICBF llega con un limitado número de bolsas con alimentos (Fotos 1 y 2) y aparentemente hacen registrar más beneficiarios.

Foto 1. Bolsa apoyo programa 1000 días ICBF.

Este asentamiento tiene tres comunidades de los Pueblos Amorúa y Sikuani que ante la falta de garantías en materia de salud, educación y trabajo, los pobladores relatan que trabajan esporádicamente recolectando algodón en los meses de enero a marzo labor en la cual se hace la denuncia de estar siendo víctimas de explotación laboran al no contar con ningún tipo de garantía (pago de seguridad social, condiciones mínimas de dignidad). Adicionalmente la remuneración económica es extremadamente baja lo cual impide que esta labor permita una subsistencia mínima digna.

Tras jornadas de recolección extenuantes, reciben aproximadamente diez mil pesos por día de trabajo lo cual evidentemente es un abuso por parte de los empleadores quienes, aprovechando las circunstancias de precariedad en que viven las comunidades pagan salarios muy bajos por los trabajos realizados y en aquellas ocasiones en que se han presentado accidentes laborales no han contado con la atención hospitalaria debida al no con contar con la documentación requerida (cédula de ciudadanía colombiana) y al empleador negarse a cumplir con sus deberes en el marco de esta relación laboral.

El reciclaje ha sido otra forma de subsistencia por parte de estas comunidades, sin embargo el desarrollo de esta labor se ha visto limitado desde que el Alcalde de Puerto Carreño decidió invertir en el cierre del botadero de basura sin dar una alternativa a las comunidades ni invertir en políticas concertadas que generen condiciones de trabajo digno que les permitan salir de la condición de pobreza y precariedad en la que actualmente viven en este asentamiento, y por el contrario limita sus fuentes de recursos agravando la situación de vulneración de derechos fundamentales que atraviesan actualmente. Esta situación de prohibición de su ingreso al botadero tuvo acciones por parte de la fuerza pública que pusieron en grave riesgo la vida de los hermanos indígenas al accionar sus armas contra un grupo de indígenas que intentaban realizar sus actividades de reciclaje.

A pesar de que cuentan con la ventaja de encontrarse cerca al Río Meta, y de que ocasionalmente pueden pescar y recolectar algunas frutas, mencionan que al no contar con los elementos mínimos para pescar ni cocinar adecuadamente, y mucho menos para realizar actividades de siembra ni con ningún tipo de acceso a tierras ni semillas nativas de la región, se han visto obligados a subsistir en condiciones de precariedad desde hace 4 años y a recurrir a actividades de mendicidad en la ciudad de Puerto Carreño donde son objeto de discriminación constante por parte de los habitantes y de agentes del Estado, incluyendo la fuerza pública.

Esta situación se ve agravada para algunos pobladores de este asentamiento que están debidamente documentados como colombianos y que como nacionales tienen todos los derechos como ciudadanos además de aquellos exclusivos para la población indígena. Esta población fue expulsada a la fuerza hace tres años y llevados a un “resguardo” donde decidieron no permanecer pues no tenían ningún tipo de garantía en materia de educación para sus niños, niñas y jóvenes. Actualmente sólo 4 menores en edad escolar reciben clases en los colegios de Puerto Carreño, aún así presentan varias problemáticas como son: (i) exigencia de útiles escolares que no pueden comprar por su crítica situación económica, (ii) exigencia de uniformes escolares, los cuales no pueden comprar, lo que conlleva a (iii) que sean víctimas de tratos crueles por sus compañeros y profesores acrecentado la situación de discriminación y xenofobia que ya deben enfrentar.

Todo lo anterior se ve agravado por la orden del alcalde de expulsarlos del asentamiento en razón a que en su concepto este es un lugar turístico, ignorando que milenariamente este es un territorio ancestral de los Pueblos del Vichada, y ha sido habitado por ellos históricamente, vulnerando los derechos de los Pueblos Indígenas de este departamento y no garantizando la protección reforzada de esta población, tomando decisiones que benefician comercialmente al municipio, y revictimizando a esta población Indígena.

ASENTAMIENTO CERRO BITA.

Este grupo está conformado por aproximadamente 130 personas dentro de los cuales hay 60 menores de edad, 16 menores de 4 años, 3 adultos mayores 1 persona en situación de discapacidad y 3 mujeres en estado de embarazo. Además de compartir las problemáticas anteriormente es de mencionar que esta población fue agredida por parte de miembros de la fuerza pública a su llegada.

Nuevamente, la única institución que ha hecho presencia en este asentamiento ha sido la alcaldía y la fuerza pública para expulsarlos de manera forzada y el ICBF para entrega ayudas del programa 1000 días únicamente a tres familias lo cual no termina de atender las necesidades de todos los menores de este lugar. El argumento turístico del alcalde se refuerza en este lugar en razón a que queda ubicado más cerca a Puerto Carreño por lo cual la insistencia de la alcaldía de expulsarlos de allí sin ningún tipo de garantía es más fuerte.

Las comunidades exigen a las diferentes instituciones del gobierno que atiendan todas sus necesidades en los lugares donde se encuentran pues observan con gran preocupación que las reubicaciones realizadas en el pasado han sido completamente fallidas por la ausencia de garantías en salud, educación, vivienda y economía. La lejanía de las cabeceras municipales son consideradas un riesgo para las comunidades por la falta de atención que haría más gravosa su situación.

Solicitan entonces que sus condiciones de vivienda sean dignas, que atiendan sus necesidades en salud y educación que pasan obligatoriamente por una jornada de atención por parte de la Registraduría que resuelva la situación de varias personas para garantizar su acceso derechos, así como jornadas de atención integral en salud que determine certeramente el estado de salud de todos los pobladores y prioritariamente el estado nutricional de los menores de edad.

Adicionalmente desde la ONIC reiteramos la denuncia frente a la construcción de un plan de acción en el cual están involucradas instituciones locales y nacionales, y el cual es construido sin participación de las autoridades indígenas locales, los líderes de los asentamientos ni ninguna autoridad ni organización del orden nacional.

Que continúan realizándose reuniones en la ciudad de Puerto Carreño y Bogotá en las que no se cita ni se cuenta con la presencia de autoridades indígenas ni la participación de las Organizaciones Locales: ASOCSIAM, ORPIBO, AUTIPC, CRIVI ni de la ONIC.

Por todo lo anterior exhortamos al gobierno colombiano a cumplir sus deberes legales y constitucionales con los Pueblos Indígenas del departamento del Vichada que se encuentran atravesando esta crisis humanitaria, y hacemos un llamado a todos los organismos y organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional a coadyuvar estas denuncias y exigencias.

 

Aida Quilcué Vivas - Consejera de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, DDHH y Paz ONIC: 3107871382.