10 de septiembre de 2026
Hoy se cumple un mes del terremoto que sacudió al país el 10 de agosto de 2026. La Organización Nacional Indígena de Colombia —ONIC—, Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, honra la memoria de quienes perdieron la vida y acompaña a las familias, comunidades y pueblos que hoy lloran a sus seres queridos, o que se quedaron sin vivienda, sin sustento y sin la infraestructura que sostenía su día a día.
Reconocemos, además, el trabajo silencioso de las autoridades indígenas, las Guardias Indígenas, las organizaciones regionales, los equipos comunitarios y tantas personas solidarias que, desde la primera hora, salieron a proteger la vida y a atender la emergencia en los territorios.
Pero para muchos pueblos indígenas la emergencia no ha terminado. Apenas empieza a mostrarse en toda su dimensión.
El sismo, de magnitud 7,4 y epicentro en San José del Palmar, Chocó, golpeó con fuerza los territorios indígenas de Chocó, Risaralda y Valle del Cauca, y en menor medida los de Quindío, Caldas, Antioquia y Tolima. Entre los pueblos afectados están comunidades Emberá Dóbida, Emberá Chamí, Emberá Katío, Wounaan, Tule, Eperara Siapidara y Nasa, entre otras.
Con la información que hemos podido consolidar hasta ahora —preliminar, y todavía sujeta a verificación en terreno—, la ONIC tiene registro de 243 territorios afectados: cerca de 6.407 familias, 4.969 viviendas averiadas o destruidas, 220 instituciones educativas dañadas y 5.273 estudiantes con su educación interrumpida. Lamentamos tres personas fallecidas y cerca de 1.500 heridos leves.
Y aun así, estas cifras no cuentan toda la historia. Cuentan, sobre todo, cuánto falta por saber.
Buena parte de estas comunidades vive en zonas rurales, selváticas y ribereñas de difícil acceso, donde las comunicaciones son escasas y moverse puede tomar días, no horas. En muchos de estos lugares las brigadas institucionales todavía no han llegado a hacer la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades —EDAN—, a censar a las familias o a entregar la ayuda humanitaria.
Que algunas alcaldías no cuenten con la capacidad técnica, humana, presupuestal o logística para llegar a estos territorios es un problema real. Pero ese problema no puede resolverse dejando por fuera a comunidades indígenas enteras. Estar lejos no es lo mismo que no existir, y el aislamiento geográfico nunca debería ser motivo para negarle derechos a nadie.
Nos preocupa especialmente lo que está pasando con el Registro Único de Damnificados —RUD—. Se cerró de manera definitiva el 7 de septiembre de 2026, antes de que muchos territorios apartados pudieran siquiera ser visitados, censados y verificados.
Quedar por fuera del RUD tiene consecuencias muy concretas: sin ese registro no se puede acceder a la ayuda humanitaria, a los apoyos económicos para alojamiento y vivienda, a los materiales de construcción ni a los programas de recuperación que vendrán después. El cierre administrativo de un registro no puede pesar más que el derecho de las personas a recibir ayuda, sobre todo cuando no pudieron ser censadas por razones que no dependían de ellas.
Las autoridades y organizaciones indígenas hemos pedido que se reconozcan los censos propios y autocensos comunitarios como fuente válida para identificar y caracterizar a las familias damnificadas. También le solicitamos a la UNGRD y a la Defensoría del Pueblo una reunión interinstitucional para buscar una solución inmediata. Hemos recibido respuestas de trámite y avances puntuales en casos específicos, pero hasta hoy no se ha instalado una mesa con capacidad real de decisión, ni existe una ruta nacional para corregir el subregistro étnico.
Por eso, desde la Consejería de derechos de los pueblos indígenas, derechos humanos y paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia —ONIC— exige:
- Reabrir de manera extraordinaria el RUD en los municipios con comunidades indígenas que no alcanzaron a ser censadas, o bien crear de inmediato un mecanismo complementario con los mismos efectos jurídicos, que les permita acceder plenamente a las ayudas y a las medidas de recuperación.
- Incorporar y validar los censos propios y autocensos elaborados y avalados por las autoridades indígenas, mediante un procedimiento concertado que respete la autonomía, el gobierno propio y la protección de los datos comunitarios.
- Instalar de inmediato una mesa técnica y humanitaria nacional, con la UNGRD, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, las gobernaciones, las alcaldías, la ONIC, las organizaciones indígenas regionales y las autoridades indígenas de los territorios afectados.
- Desplegar equipos móviles interinstitucionales que lleguen directamente a los resguardos y comunidades, con recursos para transporte terrestre, fluvial o aéreo, comunicaciones, personal técnico e intérpretes. Las familias no deberían tener que desplazarse hasta los cascos urbanos para demostrar una afectación que le corresponde al Estado verificar en el territorio.
- Entregar de manera inmediata asistencia humanitaria de emergencia, culturalmente adecuada y concertada con las autoridades indígenas: alimentos, agua potable, elementos de aseo, alojamiento digno, materiales para reparación provisional, atención en salud, apoyo psicosocial y protección especial para niñas, niños, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad. Esta atención urgente no debería depender de trámites administrativos pendientes.
- Incluir de manera efectiva a todas las familias indígenas damnificadas en los apoyos económicos de alojamiento y vivienda anunciados por el Gobierno nacional, con mecanismos claros para corregir omisiones, inconsistencias y barreras documentales.
- Incorporar un componente indígena específico en la EDAN, la EDANPRI, los Planes de Acción Específicos y el Plan Nacional de Recuperación, que reconozca no solo las viviendas, sino también los daños colectivos sobre territorios, escuelas, puestos de salud, sistemas de agua, caminos, cultivos, medios de subsistencia, espacios comunitarios y lugares de importancia cultural y espiritual.
- Publicar información desagregada por pertenencia étnica, pueblo, comunidad, municipio, sexo, edad y discapacidad, que permita saber cuántas familias fueron incluidas en el RUD, cuántas quedaron por fuera, qué ayudas han recibido y cuál es el cronograma de atención y reconstrucción.
- Crear un mecanismo especial de seguimiento, a cargo de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, que evite que las fallas en el censo, la falta de capacidad municipal o las barreras geográficas terminen convirtiéndose en exclusiones discriminatorias.
- Reiteramos nuestra disposición a compartir la información recogida por nuestros sistemas de monitoreo, a coordinar con las autoridades indígenas y a acompañar las verificaciones en el territorio. Pero esa colaboración no reemplaza la responsabilidad constitucional y legal que tiene el Estado de proteger y atender a todas las personas damnificadas.
- Estar por fuera de un registro no significa estar por fuera de la tragedia. Ninguna comunidad indígena puede quedar excluida de la ayuda humanitaria, de los apoyos económicos ni de los procesos de recuperación y reconstrucción.
- Un mes después del terremoto, los pueblos indígenas no pedimos favores: pedimos que se nos cuente, que se nos escuche y que se garanticen nuestros derechos.
CONSEJERÍA DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, DERECHOS HUMANOS Y PAZ – ONIC
