• Luis Fernando Arias Arias – Consejero Mayor de ONIC, a los medios de comunicación.
«En primer lugar nosotros no compartimos el planteamiento que ha hecho el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y el doctor Germán Varón en representación del Partido Cambio Radical, por varias razones:
Primero, el mismo Germán Vargas dice que en Colombia se han desarrollado más de 4.500 consultas previas, y señalan que hay inquietudes solamente en no menos de 10 de ellas, lo que significa que este ha sido un instrumento eficiente de diálogo intercultural entre los Pueblos Indígenas y el Gobierno Nacional, eso es lo primero. No podemos entrar a satanizar a la consulta previa por dos o tres casos en el que se hayan presentado algunas dificultades.
En segundo lugar, yo invito al doctor Germán Vargas Lleras y al doctor Germán Varón, si tienen pruebas de que hay comunidades o personas inescrupulosas que han utilizado a la consulta previa como un negocio para enriquecerse o para cualquier otro tipo de acto ilícito a que lo denuncie ante la justicia y se adelanten las investigaciones a que hayan lugar. Nosotros no vamos a permitir desde ningún punto de vista que por este tipo de señalamientos se tienda a estigmatizar a los Pueblos Indígenas y se pretenda estigmatizar este derecho fundamental de los Pueblos Indígenas como es la consulta previa.
En tercer lugar, nosotros como Pueblos Indígenas creemos que en Colombia existe una reglamentación sobre el tema bastante amplia, está la Ley 21 de 1991 que ratificó el Convenio 169 de la OIT, está el Decreto 1820 de 1998 que incluso nosotros demandamos ante el Consejo de Estado y perdimos la demanda, está un acto administrativo del año 2013 la Presidencia de la República que reglamenta los procedimientos de consulta previa, existen una serie de protocolos por parte del Ministerio del Interior.
Nosotros manifestamos que no hay irregularidades ni excesos en las consultas previas, eso nunca ha ocurrido, todo lo contrario: Lo que ha ocurrido es que las empresas llegan a tratar de dividir a las comunidades ofreciéndoles dádivas, ofreciéndoles recursos, y nosotros sí tenemos la evidencia de esa situación. Por eso es que en Colombia no existe ninguna denuncia por lo que señalaba el senador Varón, porque las empresas son las que llegan a ofrecer recursos y a darles dádivas a las comunidades y dividir a las comunidades para que los procesos sean aprobados de manera Fast Track.
El registro de los sitios en donde hacen presencia las comunidades indígenas ya existe, ese registro lo lleva el Ministerio del Interior que es la entidad encargada de certificar en dónde están las comunidades indígenas; por ejemplo ahora en el Censo Nacional de Población y Vivienda que adelantamos con el DANE, nosotros pudimos referenciar más de 13.000 comunidades indígenas en todo el país en área rural, es decir, este registro ya existe y MinInterior es la entidad encargada de certificar esas comunidades».
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