24 de Febrero de 2017
DENUNCIA PÚBLICA
La mesa ambiental denuncia que desde el día martes 21 de Febrero se viene presentando algunos hechos que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad del barrio Potosí y violan las medidas cautelares que impiden la explotación en el polígono minero 15558 la Esmeralda, polígono que se encuentra sellado temporalmente gracias a la movilización de la comunidad en contra de la actividad minera y en defensa de la preservación del territorio incluyendo el palo del Ahorcado como símbolo histórico de la comunidad.
Hechos.
1. El día martes 21 de febrero en horas de la mañana, la comunidad del barrio Potosí manifiesta la presencia de varios agentes de policía dotados de armas largas que acompañaban a un par de señores que dicen ser los propietarios de la montaña. Estos sujetos manifiestan la intención de desalojar al vigilante que se encontraba en la casa ubicada cerca al palo del Ahorcado y a las familias que residen desde hace varios años cerca a la entrada del polígono minero. Finalmente estos señores hacen posesión del territorio con su único sustento jurídico que es un documento radicado en la alcaldía.
2. El mismo día durante las horas de la noche los sujetos que hicieron posesión del territorio le prenden fuego a la casa del vigilante, poniendo en riesgo el palo del Ahorcado por su cercanía. Hasta el momento el paradero del vigilante es desconocido.
3. El día de hoy 24 de Febrero del presente año la comunidad sigue manifestando los atropellos por parte de estos sujetos que siguen reiterando ser los dueños de estos predios, llevando a cabo el cercamiento del lugar incluyendo las viviendas de las familias que habitan cerca a la entrada del polígono (estas familias están siendo amenazadas por estas personas).
4. El día de hoy las comunidades denuncian que al parecer se está utilizando dinamita en el territorio con el fin de reactivar la explotación minera. Alrededor del barrio se escuchan las fuertes explosiones, esta situación se está presentando a pesar que dicho polígono se encuentra sellado por disposición de la medida cautelar proferida por el tribunal administrativo de Bogotá dentro de la acción popular en octubre del 2016.
Exigimos a los entes distritales y nacionales correspondientes presencia inmediata en el territorio, con el fin de garantizar los derechos colectivos e individuales de la comunidad. Además hacemos responsables a los entes distritales y nacionales como a los sujetos que hicieron posesión del territorio (que no se han identificado plenamente con la comunidad) de cualquier afectación a la integridad física y daños medio ambientales que se puedan producir.
