La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular denuncia públicamente, ante la comunidad nacional e internacional, el reiterado incumplimiento del Gobierno Nacional al escenario de la Mesa Única de Negociación y la grave situación humanitaria que vive el país por el tratamiento de guerra a la protesta social y la persecución que sufren los líderes sociales y defensores de derechos humanos.
El Gobierno Nacional, a través del Decreto 870 del 13 de mayo de 2014, reconoció la Mesa Única Nacional como escenario de Dialogo y negociación con la Cumbre Agraria y, en este marco, estableció que la Subcomisión de Garantías y Derechos Humanos es el mecanismo para tratar temas relacionados con situaciones humanitarias en los territorios donde hacen presencia las organizaciones y procesos organizativos que componen la Cumbre Agraria. Sin embargo, por falta de compromiso del gobierno, en cabeza del Ministerio del Interior, hace cinco meses no sesiona la Mesa Única Nacional y hace tres no sesiona la Subcomisión de Garantías y Derechos Humanos de manera formal.
Debido a esto, para los días 14 y 15 de agosto se acordó con el Gobierno Nacional reactivar el escenario de la Mesa Única Nacional y retomar los puntos fundamentales de derechos humanos. Nuevamente fue incumplida esta agenda porque no llegó ni el ministro ni el viceministro del Interior para abordar los acuerdos establecidos con la Cumbre Agraria en el marco de la movilización social y buscar solución a la difícil situación humanitaria.
Es importante visibilizar que, a pesar de los constantes informes y denuncias de la Cumbre Agraria frente a los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, que en lo corrido de 2017 ascienden a 78, y a la profundización de la avanzada paramilitar y de la persecución, criminalización y judicialización del movimiento social, no se avanza en la construcción e implementación de una política de derechos humanos en el marco de las negociaciones con el gobierno. Mientras tanto, desde la institucionalidad se continúa incumpliendo los acuerdos con el movimiento social.
Mientras el Gobierno Nacional entrega los recursos naturales, especialmente los mineroenergéticos a las multinacionales, las comunidades se organizan, resisten y se movilizan en defensa de la vida, el territorio y la permanencia. Sin embargo, la respuesta oficial que reciben ha sido la represión sistemática a través del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional, la militarización de la vida civil y el tratamiento de guerra a la protesta social. Incluso, recientemente se ha llegado a desplegar francotiradores en casas de civiles en aquellos lugares donde existe movilización y provocando graves heridas e incluso asesinatos de manifestantes.
En este contexto de represión, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular ha decidido suspender la sesión de la Subcomisión de Garantías y Derechos Humanos del día de hoy hasta tanto no haga presencia el ministro del interior y dé salidas urgentes a la grave situación humanitaria que vive nuestro país.
Instamos a los organismos de control, al Ministerio Público y a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas a hacer seguimiento de la situación y dinamizar acciones urgentes que permitan parar la creciente y sistemática crisis humanitaria.
Exigimos el cese de hostilidades en contra del movimiento social en Colombia y que se dé cumplimiento a los acuerdos pactados con el movimiento social como paso fundamental para la construcción de una paz estable y duradera en el país.
