– Declaración del movimiento Defendamos la Paz.
Según el Registro Nacional de Reincorporación, 10.708 exintegrantes de las FARC-EP están participando activamente en el proceso de paz y están cumpliendo a cabalidad las responsabilidades adquiridas en el Acuerdo Final de noviembre de 2016. No solo dejaron las armas, muchos han creado por iniciativa propia programas productivos para suplir los incumplimientos del Estado colombiano, han comenzado una vida familiar estable, se han vinculado al partido político surgido del Acuerdo y a diversas organizaciones sociales y comunitarias. Estas miles de personas encarnan la mejor demostración de que, a pesar de todas las vicisitudes, el proceso de paz es una realidad en desarrollo y consolidación. Por eso, el grave incumplimiento de Jesús Santrich de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Final no puede poner en riesgo la construcción de la paz en los territorios.
El movimiento Defendamos la Paz registra con gran preocupación la cadena sistemática de violencia contra quienes dejaron las armas en varias regiones del país. Esta semana, se han registrado dos nuevos asesinatos de exguerrilleros en el departamento del Cauca. Según las cifras contenidas en el más reciente informe de la Misión de Verificación de la ONU, 123 excombatientes han sido asesinados, 10 desaparecidos y 17 han sido víctimas de tentativas de homicidio. También se han registrado asesinatos de familiares de estas personas. Y, como si esto fuera poco, en los últimos días se ha denunciado que existiría un plan destinado a asesinar a los máximos dirigentes del partido FARC. Estos crímenes ocurren en un ambiente enrarecido por las constantes agresiones de adversarios del proceso de paz, campañas que promueven el odio contra quienes buscan dejar atrás el pasado de la confrontación armada, y ponen en duda su deseo de paz y de reconciliación.
Como lo hemos afirmado en otras oportunidades, si bien reconocemos que el Gobierno Nacional ha condenado estos hechos y tomado algunas medidas tendientes a brindar seguridad a las y los excombatientes, es imperativo que ante la gravedad de esta situación se otorgue la máxima atención a esta ola de violencia, y que en consecuencia se apliquen con eficacia y celeridad todos los mecanismos de garantías y seguridad previstos en el Acuerdo Final.
Con ocasión de la visita a Colombia de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, ponemos de presente que los crímenes contra las personas que están en proceso de reincorporación constituyen una de las más serias amenazas contra el proceso de paz, pues buscan minar la confianza en el mismo, y con ello promover el retorno a las armas. Hacemos un llamado a que el Estado cumpla con el deber de garantizar la vida y la integridad de quienes han creído en la paz, y emprenden un nuevo camino.
