COMUNICADO A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
Las (127) Autoridades Tradicionales y (10) pueblos pertenecientes al Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC, con fundamento en nuestra ley de origen, el derecho mayor, el derecho propio, los usos y costumbres, y en el marco de los derechos que se reconocen EN LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA, el convenio 169 de la oit, ratificado en la ley 21 de 1991, EN EL MARCO DE LA AUTONOMÍA, EL DESARROLLO DE LEY DE ORIGEN, DERECHO MAYOR, DERECHO PROPIO, LA DEFENSA DEL TERRTORIO, LA VIDA Y LA PAZ.
DENUNCIAMOS
El asesinato de Juliana Giraldo Díaz, que se presentó en horas de la mañana del día jueves 24 de septiembre de 2020 en el Municipio de Miranda, Cauca, como consecuencia del actuar desmedido de la fuerza pública. Un disparo propinado por un soldado del Ejército Nacional dejó sin vida a la joven quien fue encontrada dentro de un vehículo particular en el cual se desplazaba con su compañero sentimental.
Condenamos el actuar desmedido de la Nación, El ministerio de defensa y sus fuerzas armadas, que se escudan en el hecho de que «adelantaban labores de control militar de área».
Las (127) Autoridades del Consejo Regional Indígena del Cauca, rechazamos categóricamente el actuar de los miembros de la Fuerza Pública que perpetuaron este atroz crimen, reclamamos el respeto por la vida de todos los ciudadanos colombianos y nos solidarizamos con el dolor de los integrantes de la familia de Juliana Giraldo Díaz, la joven asesinada, como consecuencia de los actos recientes que comprometen la responsabilidad administrativa del Estado. Encendemos voces para alertar que los derechos fundamentales de todos sin distinción de género, raza, ni ideología política, son vulnerados todos los días, existiendo ausencias prolongadas y desinterés del presidente Iván Duque Márquez y su gobierno, frente a los derechos de las víctimas.
Denunciamos: la política de exterminio del Gobierno Nacional en cabeza del Presidente Ivan Duque Márquez que agrede a las comunidades, los sectores sociales y las familias; la permanencia histórica del conflicto armado interno como estrategia de la política de “Seguridad Democrática” que busca perpetuarse en la realidad del país. Hoy Amanecimos con mayor amenaza y un riesgo eminente cuando se indica que quienes cuidan al pueblo están mal psicológicamente, ello quiere decir que en cualquier momento actuaran en contra del pueblo que reivindica sus derechos.
Convocamos urgentemente la intervención inmediata de los organismos Garantes y Defensores de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, a efectos de lograr en este caso particular el restablecimiento de los derechos de los familiares de la víctima, que se proceda en la judicialización ante las autoridades competentes y que como proyecto ideológico de país desde los sectores sociales podamos recobrar la esperanza desde el Acuerdo de Paz firmado.
CONSEJERÍA MAYOR DEL CRIC
POPAYÁN 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020
