Los Pueblos Indígenas de la Orinoquía Colombiana enfrentan una crisis inminente en la protección de sus Territorios Ancestrales. En el departamento del Meta,
específicamente en Puerto Gaitán, las comunidades indígenas de Barrulia, Tsabilonia, Itwitsulibo y San Rafael de Warrojo han habitado estas tierras desde tiempos inmemoriales, enfrentándose a titulaciones irregulares de sus Territorios por parte de la anterior Autoridad de Tierras.
La situación, a pesar de los esfuerzos incansables de estas comunidades por recuperar sus tierras, es crítica debido a un proceso policivo en curso en las comunidades de Barrulia e Itwitsulibo. Pero esto no es todo, el 12 de febrero se vivió un episodio intimidante en la comunidad de Barrulia, donde miembros de la seguridad privada del grupo Aliar S.A. (La Fazenda) se comportaron como verdaderos acosadores. Según el testimonio del Alguacil de la comunidad, estos individuos se acercaron al caño para intimidar a mujeres que se disponían a bañarse, llegando incluso a tomar fotografías de ellas. Y un acto inaceptable se le suma al anterior, cuando el día 14 de octubre del 2023, estos mismos individuos tomaron fotografías a mujeres de tercera edad y niños semidesnudos que se dirigían al caño para bañarse.
Estos se suman a una serie de hechos delictivos en contra de la comunidad Indígena, cuando en abril del 2022 cuando la seguridad privada del grupo Aliar, en medio de un acto de desalojo, dispararon contra la guardia indígena (como lo testimoniaron ellos); como resultado de este operativo se destruyeron siete viviendas y un miembro de la comunidad resultó herido.
Mientras la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC), la Asociación UNUMA y la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) esperan la resolución de un recurso de reposición interpuesto en diciembre ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la falta de acción inmediata por parte de las autoridades competentes podría resultar en daños irreparables para los Pueblos Indígenas y sus Territorios.
Exigimos a las autoridades a abordar esta situación con la seriedad y la urgencia que merece, respetando los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas consagrados en la Constitución Política de Colombia y en los convenios internacionales. Es imperativo detener cualquier acción que amenace la existencia y el bienestar cultural de estas comunidades. El caso de Puerto Gaitán ejemplifica los desafíos que enfrentan los Pueblos Indígenas en la Orinoquía
Colombiana y requiere una respuesta inmediata y efectiva.
