Los delegados y delegadas indígenas de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas de Colombia, articulados en la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC, la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana -OPIAC, la Confederación Indígena Tayrona -CIT, Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama -AICO y Autoridades Tradicionales-Gobierno Mayor; exigen al gobierno colombiano en cabeza del Presidente de la República, cumplir con la Constitución Política de Colombia, la Ley y los acuerdos suscritos en relación con los Pueblos Indígenas de Colombia.
RESPONSABILIZAMOS al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, por el INCUMPLIMIENTO de los compromisos con los Pueblos Indígenas. Después de más de tres años de diálogo político, manteniendo la palabra y la concertación, y que el gobierno del presidente Santos señalara que no quería “acuerdos de carretera”, la realidad que hoy vemos en el país es otra. Lo que hemos recibido de altos funcionarios del gobierno nacional y el propio Presidente de la República, son pronunciamientos discriminatorios frente a los Pueblos Indígenas de Colombia, contra el Derecho Mayor, el Derecho Propio y nuestra Ley de Origen, contra el derecho fundamental a la Consulta Previa y señalamientos de ser “el palo en la rueda” del desarrollo del país.
Exigimos el cumplimiento de la Ley 1450 de 2011, del Plan Nacional de Desarrollo, en el anexo concerniente a los Pueblos Indígenas, los decretos ley concertados con el gobierno (Ej.: 4633 de 2011), el CONPES a que hace referencia el PND y los acuerdos suscritos en el espacio de la MPC, entre otros, a través de un PLAN DE CHOQUE para el cumplimiento de dichos compromisos. Ese Plan de Choque debe contar con una base presupuestal mínima de un billón de pesos, de manera excepcional y por fuera de los recursos ordinarios de obligación del Estado y los compromisos que se desprenden de las Cortes de Justicia.
Frente al tema de los Sistemas Propios, exigimos la definición inmediata de la entrega de la administración de los recursos del Sistema General de Participación y los demás sistemas propios que se vienen trabajando con los Pueblos Indígenas y sus autoridades (Salud, Educación, Etc.). No se acepta desde ningún punto de vista el concepto del Consejo de Estado, ni las rutas propuestas por el gobierno nacional, porque abiertamente buscan obstruir el cumplimiento de la Constitución y las leyes, en especial el Artículo 56 transitorio de la CP, vigente a la fecha, dado que la Ley 1454 de 2011 omitió de manera ABSOLUTA un desarrollo directo de las Entidades Territoriales Indígenas (Sentencia C – 489 – 12 del 27 de Junio de 2012, Corte Constitucional). Recordamos que el compromiso del gobierno Santos fue entregar la administración de dichos sistemas a los Pueblos Indígenas, y hoy no se avizora voluntad política para cumplir con dicho cometido.
Declaramos que el Movimiento Indígena Colombiano no renuncia a su derecho inalienable a la movilización social, más cuando sus derechos son vulnerados por el Estado y sus acuerdos incumplidos por el Gobierno Nacional. Seguimos apelando para que los temas estructurales y la garantía de los derechos de los Pueblos Indígenas se resuelvan por la vía política.
Por lo tanto, la posición política de la Mesa Permanente de Concertación Indígena frente al gobierno, y su postura en materia de derechos indígenas, es que hasta tanto no se adopten las medidas conducentes y necesarias para cumplir con la ley y los acuerdos concertados, SE SUSPENDE LA INTERLOCUCIÓN POLÍTICA CON EL GOBIERNO, HASTA QUE SE DE UNA RESPUESTA POSITIVA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
COMO HIJOS DE LA MADRE TIERRA, DECLARAMOS QUE LA DEFENDEREMOS, PROTEGEREMOS Y CUIDAREMOS, FRENTE A CUALQUIER INTERVENCIÓN QUE ATENTE CONTRA ELLA.
