DEFENDER EL TERRITORIO, SOSTENER LA VIDA.

LOS PUEBLOS INDÍGENAS ANTE LA VIOLENCIA Y EL CONTROL ARMADO EN COLOMBIA

La paz desde la visión de los pueblos indígenas

En este informe presentamos la visión de paz que los pueblos indígenas hemos construido y sostenido a lo largo de nuestra historia. Para nosotros, la paz no se reduce a que callen los fusiles, ni a ser invitados de vez en cuando a espacios de diálogo. Entendemos la paz como la posibilidad de seguir existiendo física y culturalmente, recuperar el equilibrio de nuestros territorios, ejercer plenamente nuestra autonomía y nuestro gobierno propio, acceder a la justicia y dejar atrás el racismo estructural. También la concebimos como la transformación de las relaciones de poder desiguales que por siglos han sostenido la exclusión, la violencia y el despojo.

Desde nuestra visión, la paz es el buen vivir comunitario en equilibrio y armonía con el territorio y la naturaleza, en sus dimensiones materiales e inmateriales. Esto significa cuidar la vida, las relaciones comunitarias, los bienes y espacios que la sostienen, así como nuestros fundamentos espirituales, culturales y ancestrales.

Hoy contamos con escenarios como el Mecanismo Nacional de Participación de los Pueblos Indígenas en la construcción de paz, las instancias mixtas territoriales y el Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz de 2016. Reconocemos estos espacios como conquistas colectivas y bases firmes para seguir avanzando. Sin embargo, advertimos que su cumplimiento no puede quedar sujeto a la voluntad de cada Gobierno, ni limitarse a reuniones con las instituciones. Exigimos que se vea en los territorios, con capacidades que permanezcan: sistemas propios de autoprotección más fuertes, gobierno propio y autonomía territorial respetados, y comunidades mejor preparadas para prevenir riesgos, responder a emergencias humanitarias y proteger la vida.

Tampoco medimos la paz solo por la ausencia de combates, ni la reducimos a una idea militar de la seguridad. Construirla exige enfrentar el racismo, el despojo de tierras, la desigualdad, el daño a la naturaleza y la imposición cultural que siguen afectando nuestras vidas. Para nosotros, construir paz es cuidar los territorios como espacios de vida, mantener vivos nuestros sistemas de conocimiento culturales y espirituales y ver reconocido nuestro derecho a decidir sobre nuestro presente y nuestro futuro.

Con esta mirada, el análisis de los corredores de guerra que desarrollamos en este informe va más allá de señalar dónde están y qué hacen los actores armados. Muestra cómo se cruzan el control territorial, los intereses económicos y ambientales, las economías legales e ilegales, y los daños a nuestra autonomía, nuestra cultura y nuestro gobierno propio. Por eso, reclamamos una respuesta del Estado que una la atención humanitaria con garantías territoriales, culturales, ambientales y de participación real, siempre con respeto por la autonomía de los pueblos indígenas.

Corredores de la guerra, extracción de recursos y afectaciones a los pueblos indígenas

Entendemos los corredores que documentamos en el Observatorio como lugares donde se cruzan el control territorial, la movilidad de las comunidades, las economías legales e ilegales, la extracción de recursos naturales, la infraestructura y las afectaciones a nuestra autonomía. Un corredor no es solo una carretera. También son los ríos, las quebradas, los caminos comunitarios, las trochas, los oleoductos, las vías hacia las minas, los puertos, los puntos de abastecimiento y los pasos de frontera.

Entre 2016 y 2026 hemos registrado en el Observatorio de Derechos de los Pueblos indígenas ODPI-ONIC 2.564 afectaciones en Colombia. Para el periodo 2023–2026 contamos con 1.210 afectaciones. Nariño concentra 693 registros, Valle del Cauca 121 y Chocó 53. Esta distribución refleja el volumen de información que hemos podido documentar en los territorios indígenas gracias a nuestras organizaciones filiales que se componen en nuestra principal fuente de información primaria.

1.      Corredor Pacífico y Chocó: control de ríos y territorios de vida

Nariño, pueblos Awá

Los municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte, junto con las zonas de piedemonte y frontera, forman una red que une el litoral Pacífico, la cordillera, los ríos y los pasos hacia Ecuador. Nuestra movilidad depende de los ríos, los caminos comunitarios, las trochas, las rutas de abastecimiento, los lugares de pesca y los senderos que llevan a los cultivos y a los sitios de uso tradicional. Por eso, quien controla estas conexiones puede decidir quién entra y qué entra (personas, alimentos, insumos y servicios) e interferir en el gobierno propio de nuestras autoridades.

Los registros de los resguardos del pueblo indígena Awá muestran restricciones a la movilidad, amenazas, presencia de minas antipersonal, afectaciones a las escuelas y dificultades para conseguir alimentos. En este contexto, la minería, los cultivos de uso ilícito, la deforestación y el control armado de los ríos deben verse como dinámicas que pueden darse al mismo tiempo y en el mismo lugar.

Los ríos Telembí, Nambí, Güiza, Mayasquer y Nulpe, son un caso que nos preocupa especialmente. Un registro del 22 de julio de 2025 describe la presencia de personas externas y de elementos de minería ilegal en el sector Agua Clara del resguardo indígena Awá El Gran Sábalo. Otro registro de 2025 reporta minería atribuida a grupos armados en Nulpe Medio Alto Río San Juan. Estos hechos nos alertan sobre posibles daños a los cauces, la pesca, el agua, la movilidad y el gobierno propio.

La Agencia Nacional de Minería[1] reporta títulos mineros y actividad de pequeña, mediana y gran escala en el departamento, con presencia de oro y otros minerales. Con esta información podemos identificar presiones extractivas potenciales, superposiciones con resguardos, el estado de la consulta previa y del licenciamiento, y la actividad que realmente se desarrolla bajo el impulso de actores armados.

En el resguardo Hojal La Turbia, un registro de agosto de 2025 relaciona restricciones para recoger alimentos, la interrupción de las clases y denuncias de presión para transportar víveres. Este caso muestra cómo se acumulan los daños sobre la alimentación, la niñez, la educación y la movilidad, y por qué deben analizarse junto con el control territorial.

Atrato, San Juan, Baudó y Bajo Calima

En Chocó, los ríos son al mismo tiempo caminos, fuentes de agua, lugares de pesca, de abastecimiento y de intercambio, y parte de la relación espiritual de nuestros pueblos con el territorio, como sucede con los ríos Atrato y San Juan. Cuando los armados regulan la navegación, los embarcaderos o los horarios de tránsito, las comunidades pueden quedar confinadas aunque sigan viviendo en sus comunidades. En este corredor los recursos de mayor interés económico están el oro, el platino, la madera, la biodiversidad, el agua, los materiales de arrastre, las tierras productivas y las rutas fluviales. La minería de oro y platino tiene una larga historia en el departamento; la ANM[2] registra títulos, áreas de reserva especial y procesos de formalización minera. En un

mismo territorio pueden convivir la minería tradicional, los títulos formales, la minería informal y actividades ilegales ligadas al control armado.

La explotación de oro de aluvión debe analizarse por sus efectos sobre los cauces, los sedimentos, la deforestación, el uso de maquinaria y la posible contaminación por mercurio[3]. Estos daños golpean directamente la pesca, la alimentación, la salud y los sistemas de conocimiento indígena. En La Raya, Riosucio, los registros de 2025 documentan controles sobre el corte de madera y cobros por la cría de animales. Esto muestra que las rentas del control armado van más allá del oro y alcanzan la madera, la producción animal, el transporte y el abastecimiento.

Por eso, la respuesta humanitaria en este corredor debe priorizar el acceso seguro a alimentos, agua, salud, pesca y transporte comunitario; la protección de nuestras autoridades; el monitoreo de la contaminación del agua; y la documentación de cobros, restricciones a la navegación, control de la madera y daños a los medios de vida.

Valle del Cauca y articulación de los corredores del Pacífico

Dentro de los corredores de guerra del Pacífico, el Valle del Cauca necesita una mirada propia. Allí los territorios indígenas, los caminos comunitarios y los lugares por donde las comunidades se mueven y se abastecen están estrechamente conectados. Entre 2023 y el corte de 2026 registramos 121 afectaciones en el departamento: 36 amenazas individuales, 16 amenazas colectivas, 13 homicidios, 9 desplazamientos colectivos y 8 casos de reclutamiento forzado. Estas cifras muestran que, al mismo tiempo, hay que proteger a las autoridades y a las comunidades, prevenir el reclutamiento y garantizar que los pueblos puedan permanecer en sus territorios. La mayoría de los registros se refieren a los pueblos Emberá Chamí y Nasa.

2.      Caribe y Centro: intereses extractivos y conectividad

Nudo de Paramillo, Sinú, San Jorge y conexiones con Urabá

El Nudo de Paramillo conecta el Bajo Cauca, Urabá, el sur de Córdoba y las cuencas del Sinú y el San Jorge. Su importancia se explica porque allí se juntan montañas, ríos, bosques, caminos rurales y conexiones con zonas mineras, ganaderas y agroindustriales. En este espacio confluyen intereses sobre el oro, el níquel, el carbón, la madera, los suelos productivos, el agua y las rutas hacia el Caribe y el Bajo Cauca.

El proyecto Cerro Matoso muestra el peso de la extracción de níquel en Córdoba. La ANM[4] lo identifica como el principal proyecto de níquel del país, con operación en municipios como Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré. Para analizarlo no basta con mirar la explotación y la cadena de transformación; también hay que considerar los impactos sobre el agua, la salud y el aire, la consulta previa, las obligaciones ambientales y los derechos de las comunidades étnicas.

En esta región necesitamos valorar cómo la minería legal e ilegal, la ganadería extensiva, la extracción de madera y las rentas armadas afectan a las comunidades indígenas Zenú y Emberá Katío. La pregunta central no es solo cuánto se extrae, sino quién controla el acceso, quién cobra por trabajar o transportar, qué fuentes de agua se están transformando y qué posibilidades tienen nuestras autoridades de ejercer su propio control territorial y ambiental.

Sierra Nevada y territorios del Caribe

La Guajira, Cesar y Magdalena forman un sistema territorial donde se relacionan la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá, el agua, la minería de carbón, la infraestructura férrea y portuaria, la energía, la agricultura y los territorios ancestrales. Este corredor extractivo debe verse como una cadena: mina, carretera o ferrocarril, puerto y exportación.

La ANM[5] identifica a Cerrejón como una de las principales minas de carbón a cielo abierto del país y reconoce la importancia de la Línea Negra como espacio ancestral y sagrado de los pueblos Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo. Por eso, cualquier análisis de proyectos o infraestructura debe mirar no solo el área directa de intervención, sino también los sitios sagrados, las fuentes de agua, las rutas tradicionales, la consulta previa y los efectos acumulados.

La minería de carbón del Cesar y La Guajira está conectada con corredores terrestres, férreos y portuarios hacia el Caribe. Entre los riesgos que debemos documentar están la fragmentación del territorio, la presión sobre el agua, los reasentamientos, la pérdida de cultivos, el polvo, el ruido, el daño a lugares sagrados, los conflictos por la consulta previa y los cambios en las economías locales.

Catatumbo y eje territorial Barí y U’wa

En el Catatumbo se cruzan la frontera, la economía de la coca, el contrabando, los hidrocarburos, la minería, los ríos, las vías y el control de los pasos fronterizos. El corredor se conecta con Cúcuta, Tibú, El Tarra, La Gabarra, Ocaña, el sur del Cesar, Arauca y Boyacá. Para los pueblos Barí y U’wa, esta red debe analizarse desde el territorio ancestral, la movilidad, la consulta previa, el gobierno propio y la protección de los sitios de especial valor cultural. Entre los intereses económicos y estratégicos de la zona están los cultivos y la transformación de coca, el transporte de insumos, la extracción y el transporte de hidrocarburos, el robo de crudo, la minería[6], la infraestructura de transporte y el control de trochas. El oleoducto Caño Limón–Coveñas es clave porque conecta las zonas productoras con el Caribe. Los ataques, derrames o intervenciones sobre la infraestructura petrolera pueden dañar el agua, el suelo, la pesca, la movilidad y la salud[7].

La Transversal del Catatumbo[8] y otras obras de conectividad pueden mejorar el acceso a salud, educación, abastecimiento y mercados. Sin embargo, también traen riesgos que hay que evaluar: apertura a la extracción, presión sobre la tierra, entrada de maquinaria, colonización, presencia armada y afectación de los territorios indígenas. Por eso es necesario verificar el trazado, los predios, las superposiciones, la consulta previa, las salvaguardas ambientales y los mecanismos de participación de las comunidades.

En el ODPI-ONIC hemos registrado amenazas, homicidios, reclutamiento, desplazamiento y confinamiento, junto con algunas afectaciones ambientales como minería ilegal, contaminación del agua, deforestación y derrames de petróleo. Que haya menos registros ambientales no significa que el daño sea menor: buena parte de ese daño aparece en los relatos sobre restricciones a la movilidad, pérdida de medios de vida, presencia armada o afectación del gobierno propio.

3.      Amazonía y Orinoquía: bosques, agua, hidrocarburos y dispersión territorial

Amazonía y corredores fluviales

En la Amazonía, los corredores son sobre todo fluviales, fronterizos y comunitarios. Los ríos sirven para transportarse, alimentarse, comunicarse, intercambiar y mantener la relación espiritual con el territorio. Las actividades extractivas, la infraestructura o la presencia de actores armados pueden afectar, de manera acumulada, las fuentes de agua, la pesca, la movilidad, la seguridad alimentaria y a quienes ejercen liderazgo ambiental.

Entre los intereses económicos presentes o potenciales están los hidrocarburos, los minerales, la madera, la ganadería, los cultivos de uso ilícito, las vías, la biodiversidad, los servicios ambientales y la valorización de las tierras.

La ANLA[9] ha reportado en el Putumayo proyectos con licencia ambiental y polígonos con potencial para hidrocarburos, además de áreas de exploración y desarrollo en municipios como Puerto Asís y Puerto Guzmán. Frente a estos proyectos debemos verificar su ubicación, la consulta previa, los posibles daños a ríos, chagras y sitios sagrados, las vías o plataformas construidas, los derrames, los cambios en la movilidad y el cumplimiento de las obligaciones ambientales.

Alto Putumayo y Orinoquía

El eje Santiago–Sibundoy–San Francisco–Mocoa es un corredor de conectividad y, a la vez, un territorio de fuentes de agua, chagras, lugares sagrados y relaciones históricas de los pueblos Inga y Kamëntšá. Las vías pueden mejorar el acceso a servicios, pero también facilitar la tala, la minería, la ocupación de tierras, la presión sobre el agua y la fragmentación del territorio indígena. En la Orinoquía, los pueblos Sikuani, Amorúa, Piapoco, Hitnü, Betoy, U’wa y otros viven de forma dispersa, por lo que la asistencia y las medidas de protección deben adaptarse a sus amplias rutas de movilidad. Si la ayuda se entrega solo en un casco urbano, puede dejar por

fuera a las comunidades más alejadas, aumentar el desarraigo o no responder a la pérdida de acceso a sabanas, ríos, pesca, caza, recolección e intercambio.

Los intereses económicos de la región incluyen hidrocarburos, ganadería extensiva, agricultura empresarial, vías, materiales de construcción, infraestructura energética y la ocupación de sabanas y riberas[10].

Análisis de cifras del Observatorio ONIC

La información presentada corresponde a hechos y afectaciones documentadas por el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas – ODPI de la ONIC, a partir del trabajo de monitoreo realizado en articulación con las organizaciones filiales, autoridades y estructuras organizativas indígenas en los territorios, que constituyen la principal fuente de información primaria. Esta información se complementa, cuando resulta pertinente, con fuentes institucionales y públicas. Las cifras corresponden a registros documentados y no necesariamente a víctimas únicas. Su distribución territorial debe interpretarse teniendo en cuenta las diferencias en capacidad organizativa, acceso, comunicaciones y posibilidades de reporte; por tanto, un mayor o menor número de registros no equivale automáticamente a una mayor o menor incidencia real de la violencia.

A continuación presentamos el análisis de las cifras del ODPI-ONIC para el periodo comprendido entre 1 de enero de 2023 al 2 de octubre de 2026.

En el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas y Derechos Humanos de la ONIC registramos 322 afectaciones en 2023, 296 en 2024, 443 en 2025 y 149 en lo corrido de 2026. Entre 2024 y 2025 los registros aumentaron un 49,7 %. Del mismo modo, el número parcial de 2026 no debe leerse como una disminución del riesgo. El corte del informe es el 2 de octubre de 2026.

En total, el periodo de análisis reúne 1.210 afectaciones distintas.

Como referencia, el CICR[11] calificó las consecuencias humanitarias de 2025 como las más graves de la última década.

Pueblos con más afectaciones registradas

Entre el 1 de enero de 2023 al 2 de octubre de 2026 analizamos 1.210 registros. El pueblo Awá concentra 669 afectaciones, más de la mitad del total (55,3 %), seguido del pueblo Wiwa, con 80 afectaciones; Barí, con 59; Emberá Chamí, con 54; y Nasa, con 38 (3,1 %). También se destacan el pueblo Emberá, con 28, y el pueblo Wayuu, con 26. Estas cifras confirman que los territorios Awá y Wiwa merecen especial atención dentro del análisis de los corredores de guerra. Por eso proponemos que la protección y la atención humanitaria se definan junto con las autoridades de cada pueblo, teniendo en cuenta la movilidad, la alimentación, la salud, la prevención del reclutamiento y la continuidad cultural. Este análisis debe respetar las diferencias entre pueblos indígenas.

La violencia y el control sobre las comunidades indígenas se refuerzan

La amenaza individual es la afectación más frecuente, con 236 registros, seguida del homicidio, con 134. También registramos 110 casos de reclutamiento forzado, 93 de amenaza a colectivos, 76 de desplazamiento forzado colectivo y 70 de confinamiento masivo. Estos tres últimos limitan la movilidad de las comunidades y su acceso a bienes esenciales.

Los 66 registros de incursión o presencia de actores armados, los 54 de intimidación y los 26 de daño al gobierno propio muestran formas de control que deben analizarse junto con la violencia directa.

Las afectaciones ambientales registradas de forma explícita son pocas: minería ilegal, contaminación del agua, deforestación y derrames de petróleo. Que sean pocas no quiere decir que el impacto ambiental sea menor si no que el subregistro aún persiste por elementos como el miedo.

Queremos resaltar que los hechos de control territorial han aumentado.

Concentración territorial

Nariño reúne 693 registros; Valle del Cauca, 121, y Chocó, 53. En conjunto suman 867 afectaciones, el 71,7 % del total. Esta concentración coincide con la importancia de los ejes del Pacífico.

Las denuncias sobre minería, amenazas y movilidad muestran que se necesita coordinación a ambos lados de la frontera, sin aplicar de forma automática las instituciones colombianas a hechos ocurridos en Ecuador.

Que haya pocos registros en la Amazonía, la Orinoquía o el Caribe no significa que estas regiones tengan menor prioridad humanitaria. La dispersión de las comunidades y las dificultades de comunicación exigen un monitoreo específico.

Actores registrados y atribución

En 549 de los 1.210 hechos (45,4 %) no se identifica al actor responsable. Otros 11 registros tienen datos que no permiten identificarlo, esto es relevante para precisar el temor que generan sobre la población estos hechos.

La Segunda Marquetalia reúne 102 registros; las disidencias sin estructura precisada, 29; Comuneros del Sur, 53; el ELN, 57, y la Fuerza Pública, 35. Además, hay 81 registros con atribuciones múltiples.

Agrupamos bajo un mismo nombre a las AGC, el EGC y el Clan del Golfo, mientras que las referencias a frentes, columnas y FARC se mantienen en grupos separados. Fuera de la gráfica quedan seis agrupaciones que suman 43 registros, además de los 11 que no identifican actor.

Modalidades de afectación y actores mencionados

Entre estas agrupaciones, las disidencias sin estructura precisada concentran 7 registros de homicidio; el ELN, 16 de reclutamiento forzado, y la Segunda Marquetalia, 19 de reclutamiento y 23 de amenaza individual. Los registros con atribuciones múltiples reúnen 26 casos de confinamiento y 24 de desplazamiento colectivo, por lo que para entender el daño colectivo es necesario reconstruir lo que hizo cada actor.

Afectaciones por macrorregional ONIC

La macrorregional Occidente concentra 906 registros, el 74,9 % del total. Le siguen Norte, con 160; Orinoquía, con 38; Centro Oriente, con 78, y Amazonía, con 23.

En la Macro Occidente sobresalen 213 amenazas individuales, 104 homicidios y 102 casos de reclutamiento. En la Macro Norte se registran 19 casos de confinamiento y 14 de desplazamiento colectivo; en la Macro Amazonía, 7 de confinamiento y 6 de homicidio. Estas diferencias nos indican que la respuesta debe combinar protección, prevención del reclutamiento y acceso humanitario.

Desde la Consejería de derechos de los pueblos indígenas, derechos humanos y paz ONIC, proponemos en cada macrorregional, las prioridades de alimentación, salud, movilidad, protección y continuidad cultural deben concertarse con sus autoridades.

Protección colectiva y enfoque de mujer, familia y generación

La respuesta debe reconocer los daños al territorio y a la autonomía, además de las afectaciones a las personas. El Decreto Ley 4633 de 2011 reconoce la dimensión colectiva del daño, el daño cultural y territorial, así como las afectaciones a la autonomía e integridad política y organizativa de los pueblos indígenas (en particular, arts. 14, 33, 41 a 46 y 54 a 56). Este marco respalda una atención que proteja la unidad familiar, las prácticas culturales, el gobierno propio y la relación integral con el territorio.

El Auto 004 de 2009 advirtió el riesgo de exterminio físico y cultural de pueblos indígenas y la necesidad de respuestas diferenciadas frente al conflicto armado, el desplazamiento y sus factores vinculados y subyacentes.

Es necesario valorar la situación de las mujeres en cuanto a autonomía, salud sexual y reproductiva, seguridad, participación y liderazgo, así como su posibilidad de cultivar, recoger agua y moverse libremente. Los 8 registros de abuso sexual y el registro de feminicidio corresponden a esas categorías, pero no son un inventario completo de la violencia contra las mujeres. Deben existir rutas de atención confidenciales que no obliguen a las sobrevivientes a exponerse públicamente ni a repetir su relato sin necesidad.

En las familias hay que verificar si se han producido separaciones, pérdida de personas cuidadoras, cambios en el sustento o sobrecarga de cuidado. Los apoyos alimentarios, de salud y de transporte deben permitir mantener los vínculos familiares y evitar retornos impuestos. La muerte o el reclutamiento de una sola persona puede desorganizar todo el cuidado y la producción de la comunidad.

Para prevenir el reclutamiento se requiere continuidad educativa, espacios propios para la juventud y alternativas de protección definidas con las autoridades. La atención a las personas mayores debe preservar la medicina propia, la lengua, la memoria y la transmisión de saberes.

RECOMENDACIONES DE LA ONIC

Atención humanitaria en corredores y territorios bajo control armado

Desde la Consejería proponemos identificar las regiones más vulnerables, construir protocolos y concertar corredores o centros humanitarios con las autoridades indígenas y los actores humanitarios. Planteamos esta propuesta en dos modalidades que se complementan: el acceso seguro a través de rutas en disputa y la atención permanente a las comunidades que viven bajo restricciones prolongadas.

Acceso a través de caminos y ríos

Cuando el problema sea llegar al territorio, proponemos evaluar las rutas, los medios de transporte y las condiciones para la evacuación médica, el abastecimiento y el desplazamiento de equipos de salud. Una ruta solo debe activarse si hay garantías que se puedan verificar y con un acompañamiento aceptado por las autoridades y las organizaciones humanitarias. También deben acordarse mecanismos para suspenderla si cambian las condiciones, sin exponer a la Guardia Indígena a tareas de confrontación o desminado.

Permanencia en comunidades bajo restricciones prolongadas

Donde el control armado está consolidado, abrir una ruta por unas horas no es suficiente. Se necesitan puntos comunitarios de atención o centros humanitarios concertados, abastecimiento periódico, agua segura, comunicaciones, atención móvil y seguimiento a la protección. Estos espacios deben mantener su carácter civil y ser culturalmente adecuados. Su ubicación y funcionamiento requieren una valoración del riesgo, porque una declaración unilateral no garantiza seguridad ni protección frente a ataques.

Respuesta acordada y responsabilidades verificables

Proponemos un protocolo que empiece con la alerta de la comunidad y la verificación de sus necesidades; siga con la concertación de la modalidad, las rutas y las responsabilidades; active la respuesta con las entidades competentes y las organizaciones humanitarias; y mantenga el seguimiento hasta que se restablezcan las condiciones de vida. La ayuda urgente y los trámites de registro deben avanzar al mismo tiempo, sin que las demoras administrativas se conviertan en una excusa para desatender necesidades esenciales. La cooperación complementa la respuesta del Estado y debe documentar sus vacíos.

El CICR, la Cruz Roja, las agencias humanitarias, la Defensoría del Pueblo y las entidades territoriales pueden participar según sus mandatos y decisiones. Cuando su divulgación pueda aumentar el riesgo, las comunicaciones deben manejarse con reserva.

Los 1.210 hechos documentados por el ODPI-ONIC durante el periodo analizado evidencian que la violencia contra los pueblos indígenas no puede comprenderse únicamente a partir de homicidios, combates o desplazamientos. También se expresa en amenazas, reclutamiento, confinamiento, control de la movilidad, presencia armada y afectaciones al gobierno propio, al territorio y a la continuidad cultural.

La concentración de registros en determinados pueblos y regiones exige respuestas urgentes, sin que un menor número de registros en otros territorios pueda interpretarse como ausencia de riesgo.

Para la ONIC, la paz no se reduce al silenciamiento de los fusiles. Se expresa en el buen vivir comunitario, en equilibrio y armonía con el territorio y la naturaleza en sus dimensiones materiales e inmateriales; comprende autonomía, gobierno propio, movilidad, seguridad alimentaria, espiritualidad, protección de los sitios sagrados y transmisión de saberes. Esta visión encuentra respaldo en el desarrollo constitucional de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y en el Auto 004 de 2009, que advirtió el riesgo de exterminio físico y cultural y la necesidad de respuestas diferenciadas frente al conflicto y sus factores vinculados y subyacentes. Fortalecer la capacidad propia de monitoreo de la ONIC y de sus organizaciones filiales es, además, una herramienta para la prevención, la exigibilidad de derechos, la incidencia política y la construcción de una paz territorial con enfoque étnico.

Referencias documentales

• Agencia Nacional de Minería – ANM, “Ficha departamental Nariño”, actualización consultada en 2025; portal de datos y fichas departamentales de la ANM.
• Agencia Nacional de Minería – ANM, información institucional sobre actividad minera, áreas de reserva especial y formalización minera en Chocó.
• Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC; Ministerio de Minas y Energía. (2022). Colombia: explotación de oro de aluvión. Evidencias a partir de percepción remota 2021 . Bogotá DC: ONUDD–SIMCI. Véase también: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC. (2026). Colombia: monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca 2024 . Bogotá DC: ONUDD–SIMCI.
• Agencia Nacional de Minería – ANM, fichas de níquel, Córdoba y proyecto Cerro Matoso; información de seguimiento y control minero.
• Agencia Nacional de Minería – ANM, fichas de La Guajira y carbón; información sobre Cerrejón, producción carbonífera y corredores de exportación.
• Agencia Nacional de Minería – ANM. Datos Abiertos y Catastro Minero Colombiano. Consulta de títulos mineros, solicitudes, minerales, estado jurídico y ubicación geográfica.
• Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. Información de licenciamiento y seguimiento ambiental del sector hidrocarburos.
• Ministerio de Transporte y Departamento Nacional de Planeación, información pública sobre la Transversal del Catatumbo.
• Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, “Reporte de Análisis Regional del Putumayo 2025” e información pública de proyectos de hidrocarburos. ANLA, reportes regionales y de seguimiento ambiental en Caquetá.
• Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, información pública de licenciamiento y seguimiento de proyectos de hidrocarburos, energía e infraestructura.
• CICR. Informe de la situación humanitaria de Colombia en 2025, publicado el 12 de mayo de 2026: https://www.icrc.org/es/publicacion/informe-de-la-situacion-humanitaria-de-colombia-en-2025

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CONSEJERÍA DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS , DERECHOS HUMANOS Y PAZ

Consejero Rider Pay Nastacuas

Orientación política:

Coordinadora Observatorio Derechos de los Pueblos Indígenas ODPI-ONIC: Claudia P. Carrión Sánchez

Analista ODPI: Anguie Nathaly Chacua Taicus