Violencia y despojo territorial contra Pueblos Indígenas en el departamento del Vichada

por ONIC

COMUNICADO DE DENUNCIA ANTE LA OPINION PÚBLICA, ORGANISMOS INTERNACIONALES, INSTITUCIONES DEL ESTADO COLOMBIANO, ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

Violencia y despojo territorial contra pueblos indígenas en riesgo de desaparición física y cultural, por parte de cartel de baldíos en el departamento del Vichada

 

La Autoridad Nacional de Gobierno Indígena - Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), denuncia ante la opinión pública, los organismos internacionales, las instituciones del Estado Colombiano, demás organizaciones indígenas y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos; los hechos de violencia y despojo territorial de los cuales son víctimas los Pueblos Indígenas Amorua, Sikuani y Saliva, ubicados en el departamento del Vichada, quienes se encuentran en grave situación de riesgo de exterminio físico y cultural por parte de funcionarios públicos y judiciales, quienes desconociendo la obligatoriedad de protección de los derechos territoriales de posesión ancestral de los Pueblos Indígenas, y la especial condición nómada y seminómada en la que se encuentran estos pueblos, están utilizando los procesos judiciales para entregar territorios indígenas a testaferros de empresas que tienen la pretensión de ingresar a la Orinoquía para desarrollar diversas actividades económicas.

En el pasado mes de marzo, mientras la Revista Semana publicaba una edición especial sobre la Orinoquía y la Amazonía titulada Tierra a la vista, en la que se proponía evidenciar el crucial momento para impulsar el desarrollo del país hacia estas regiones, se omitió dar cuenta respecto de que muchas de las empresas que aspiran a desarrollar sus actividades económicas en la región, se están apropiando -mediante testaferros- de los territorios de las comunidades de Pueblos Indígenas que están en riesgo de exterminio físico y cultural.

Como consecuencia de ésta realidad, los territorios ancestrales de estos Pueblos Indígenas están siendo usurpados por colonos, narcotraficantes y empresarios que se asocian para obtener títulos de propiedad a través de procedimientos fraudulentos y de procesos de lanzamiento contra estas comunidades con base en decisiones judiciales.

Esta modalidad de despojo se encuentra asociada al escándalo de corrupción del cartel de los baldíos, en el cual terceros de mala fe, aprovechándose de la situación de indefensión y vulnerabilidad manifiesta en que se encuentran estos Pueblos Indígenas; pretenden usurpar, violentar y truncar el derecho colectivo al reconocimiento de su propiedad territorial ancestral. Esta situación se observa con preocupación en la Orinoquía y Amazonía Colombiana, en especial en los departamentos de Meta y Vichada, constituyéndose en casos emblemáticos los de la comunidad indígena de Puerto Colombia (Puerto Carreño); la comunidad de Awaliba-Campana (Puerto Gaitán - Meta) y la comunidad Arizona Cupepe (Cumaribo).

Desde la ONIC consideramos preocupante que en la decisión de segunda instancia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Carreño, departamento del Vichada, Distrito Judicial de Villavicencio, radicado N° 990014089002-2013-00040-01, se ordena realizar un proceso de lanzamiento a los Pueblos Indígenas Sikuani, Amorua y Saliva de la comunidad de Puerto Colombia (Municipio de Puerto Carreño, Departamento del Vichada) de su propio territorio ancestral, como medida de protección a una supuesta violación del derecho fundamental al “debido proceso” solicitada por los colonos Ángel Roberto Chacón Gutiérrez y Luz Marina Curberlo, quienes jamás han habitado en ese territorio y cuyo interés manifiesto es apropiarse de estas tierras para futuras ventas de los mismos a distintas empresas.

Otro aspecto considerado muy grave en esta situación es que a pesar de que existen procesos del INCODER tendientes a legalizar estos resguardos, el Juez Promiscuo del Circuito de Puerto Carreño omitió vincular a esta entidad al proceso Judicial, y sin argumentos razonables decidió ordenar el proceso de lanzamiento contra estos Pueblos Indígenas, orden que tiene plazo para ejecutarse el próximo lunes 22 de julio del presente año, por parte de la alcaldía del municipio de Puerto Carreño.

Esta modalidad de despojo contra los Pueblos Indígenas de la Orinoquía no es nueva en Colombia, en la misma situación de la comunidad de Puerto Colombia se encuentran varios de los pueblos indígenas ubicados en la Orinoquía y la Amazonía Colombiana.

Mientras la Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC instaura las acciones jurídicas pertinentes en defensa de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas Sikuani, Amorua y Saliva de Puerto Colombia, entre otras, la nulidad del fallo judicial y las investigaciones respectivas, SOLICITA a todas las entidades del Estado colombiano, a la Corte Constitucional colombiana, al INCODER, al Ministerio del Interior, a la Gobernación del Vichada, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Personería Municipal de Puerto Carreño a realizar de manera urgente todas las acciones necesarias dentro de su mandato constitucional y legal para proteger la vida, integridad y los derechos territoriales de la población indígena de Puerto Colombia (Municipio de Puerto Carreño) ante el inminente procedimiento de despojo que hoy afecta a los Pueblos Indígenas asentados en Puerto Colombia.

Bogotá, 16 de Julio de 2013.

CONSEJO MAYOR DE GOBIERNO